Washington D.C. – Diversos grupos defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda el miércoles 12 de febrero contra la administración Trump para obtener acceso a los inmigrantes detenidos que fueron trasladados desde Estados Unidos a la Bahía de Guantánamo, Cuba. Entre los demandantes se encuentran la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Centro de Derechos Constitucionales y el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP), junto con otras organizaciones de servicios legales. La demanda busca garantizar que las personas detenidas puedan comunicarse con abogados y familiares.
De acuerdo con la demanda, la administración Trump no ha brindado información clara sobre el estatus de los inmigrantes detenidos en Guantánamo. Se desconoce bajo qué autoridad están retenidos, por cuánto tiempo y en qué condiciones, así como si tienen acceso a representación legal. Los grupos demandantes argumentan que esta acción representa una amenaza a los derechos fundamentales de los inmigrantes y que las autoridades deben rendir cuentas sobre estas detenciones.
Diversos abogados y activistas han expresado su preocupación por la decisión del gobierno, señalando que Guantánamo ha sido históricamente un lugar utilizado para detenciones sin garantías legales. Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, enfatizó que los tribunales deben intervenir para evitar que los inmigrantes sean retenidos sin acceso a procesos legales apegados a derecho. Otros representantes de organizaciones de derechos humanos han denunciado que esta medida forma parte de una estrategia de criminalización y aislamiento de los inmigrantes.
El traslado de inmigrantes a Guantánamo ha generado alarma entre sus familiares. Eucaris Carolina Gómez Lugo, una de las demandantes, manifestó su preocupación al descubrir que su hermano estaba detenido en la isla y que el gobierno lo vinculaba con la pandilla venezolana Tren de Aragua. Según la demanda, el gobierno ha difundido imágenes de los detenidos, pero ha restringido toda comunicación con ellos, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre su situación.
Ante la falta de respuesta del gobierno a solicitudes previas de acceso a los detenidos, los grupos de defensa de los inmigrantes recurrieron a la vía legal. Los demandantes advierten que la administración Trump pretende ampliar esta práctica y trasladar a más inmigrantes a Guantánamo, lo que, según argumentan, sentaría un peligroso precedente de detención indefinida sin garantías legales.
