Olympia, WA – Una coalición de 22 fiscales generales, liderada por Nick Brown de Washington, presentó el lunes 10 de febrero una demanda contra la administración Trump y los Institutos Nacionales de Salud (NIH). La demanda surge por una drástica reducción del 15% en los reembolsos de costos indirectos a universidades e instituciones científicas, una medida que, según los demandantes, pone en riesgo el avance en tratamientos médicos innovadores y la salud pública.
Razones del litigio y respaldo legal
La querella argumenta que el decreto de la administración Trump, anunciado el 7 de febrero, vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo al ignorar los efectos negativos que estos recortes tendrían en la comunidad científica. Además, contraviene una legislación vigente que impide modificar de manera unilateral los reembolsos destinados a la investigación. La coalición de fiscales busca una orden judicial que frene la aplicación de la medida antes de que cause estragos en el desarrollo de estudios médicos cruciales.
El gobernador de Washington, Bob Ferguson, expresó su apoyo a la demanda, subrayando la importancia de estos fondos para mantener el liderazgo científico del estado. Ferguson aseguró que trabajará junto con el fiscal general y expertos universitarios para proteger los recursos destinados a la investigación. Por su parte, Brown advirtió que restringir estos financiamientos afectará directamente proyectos fundamentales como ensayos clínicos para tratar enfermedades como el cáncer, el Alzheimer y diversas patologías infecciosas.
Impacto en la investigación biomédica y la salud pública
Los NIH financian en su mayoría investigaciones fuera del ámbito gubernamental, apoyando a universidades y laboratorios que desarrollan estudios cruciales para la medicina y la salud pública. Estos fondos no solo sostienen experimentos en terapias innovadoras, sino que también permiten la detección y monitoreo de amenazas sanitarias emergentes, como la gripe aviar. Expertos temen que la reducción presupuestaria comprometa avances científicos y la capacidad de respuesta ante crisis de salud.
La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de Massachusetts y cuenta con el respaldo de fiscales generales de estados como California, Nueva York y Oregón. Los demandantes insisten en que frenar estos recortes es vital para garantizar la continuidad de investigaciones que podrían marcar la diferencia en la lucha contra enfermedades mortales y en la protección de la salud pública a nivel nacional.
¿Qué es el recorte del 15% en reembolsos de costos indirectos a instituciones científicas?
Es una reducción de fondos anunciada por la administración Trump que afecta a universidades e instituciones científicas, los cuales son esenciales para cubrir gastos operativos en laboratorios y centros de investigación biomédica.
¿Por qué los fiscales generales argumentan que la medida es inconstitucional?
Los fiscales generales argumentan que la medida es inconstitucional porque vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo al ignorar sus efectos negativos y contraviene una legislación vigente que impide modificar unilateralmente los reembolsos destinados a la investigación.
¿Qué tipo de proyectos de investigación biomédica podrían verse afectados por estos recortes?
Proyectos como ensayos clínicos para tratar enfermedades como el cáncer, el Alzheimer y patologías infecciosas, así como la detección y monitoreo de amenazas sanitarias emergentes como la gripe aviar, podrían verse afectados.
