Olympia, WA – Un grupo de legisladores afroamericanos ha manifestado recientemente, su rechazo a la propuesta del fiscal general Bob Ferguson, que busca destinar $100 millones a la contratación de nuevos agentes de policía en el estado. La iniciativa ha generado un intenso debate sobre seguridad pública y equidad en la aplicación de la ley.
Los legisladores que cuestionan la medida, argumentan que el plan no aborda de manera efectiva las preocupaciones de las comunidades racializadas, que históricamente han sufrido prácticas policiales discriminatorias. Consideran que la inversión debería dirigirse a programas de prevención del crimen, servicios sociales y estrategias de seguridad comunitaria en lugar de aumentar la presencia policial.
Ferguson, por su parte, sostiene que la medida es necesaria para enfrentar el déficit de agentes y garantizar una respuesta eficiente ante emergencias. Asegura que la falta de personal en los departamentos policiales está afectando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
El debate ha escalado con la intervención de organizaciones de derechos civiles y grupos comunitarios, quienes exigen una reestructuración del sistema de justicia penal antes de expandir las fuerzas del orden. Según ellos, una inversión de esta magnitud sin reformas significativas podría agravar las tensiones entre la policía y las comunidades vulnerables.
Se espera que la propuesta sea sometida a discusión en la legislatura estatal en los próximos meses, donde enfrentará un camino desafiante entre quienes la ven como una solución a la crisis de seguridad y quienes la consideran una estrategia ineficaz y contraproducente.
