Foto: Nick Brown anunció en una rueda de prensa el 7 de febrero de 2025 una demanda contra la orden ejecutiva que pretende eliminar la financiación federal a instituciones médicas que ofrecen atención de afirmación de género. - Oficina del fiscal general del estado de Washington

Olympia, WA – El fiscal general de Washington, Nick Brown, presentó una demanda federal el 7 de febrero para detener una orden ejecutiva que busca eliminar la financiación federal a instituciones médicas que brindan atención de afirmación de género. La demanda, respaldada por los fiscales generales de Minnesota y Oregón, sostiene que la medida es inconstitucional y busca evitar que las agencias federales la implementen. 

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La orden ejecutiva, firmada por el expresidente Donald Trump el 28 de enero, instruye a las agencias a suspender subvenciones federales para hospitales y facultades de medicina que ofrezcan atención de afirmación de género a menores de 19 años. Según la demanda, esta acción no solo pone en riesgo la financiación de instituciones médicas en Washington, sino que también viola derechos constitucionales. 

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, expresó su apoyo a la demanda y afirmó que la medida federal es ilegal y atenta contra los derechos civiles de los residentes. Además, médicos que se sumaron a la querella advierten que la restricción en el acceso a estos servicios podría tener consecuencias graves para la salud mental de los jóvenes transgénero. 

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito del Distrito Oeste de Washington, argumenta que la orden ejecutiva infringe la Quinta Enmienda al discriminar a personas transgénero y que el presidente no tiene la autoridad para anular decisiones del Congreso en materia de financiamiento. También se señala que la Décima Enmienda protege la regulación de prácticas médicas a nivel estatal. 

El litigio ocurre poco después de que un tribunal federal de Rhode Island bloqueara otra orden de Trump que recortaba fondos a un grupo de 22 estados. Sin embargo, la administración federal ha continuado impulsando medidas que afectan la financiación de programas médicos. La Fiscalía General de Washington presentó más de 100 testimonios que respaldan la demanda y detallan el impacto negativo que esta orden ejecutiva ya está teniendo en la comunidad. 

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