
Washington D.C. – La administración Trump está impulsando un plan para permitir que los funcionarios de inmigración de accedan a bases de datos con información sobre cientos de miles de niños y adolescentes inmigrantes que ingresaron al país sin sus padres. Así lo afirmó el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, en una entrevista con The Washington Post.
La base de datos en cuestión es mantenida por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), que se encarga del cuidado de los menores no acompañados bajo custodia de Estados Unidos. La ORR identifica a patrocinadores, generalmente familiares que residen en el país, para hacerse cargo de los menores y sacarlos de los refugios gubernamentales. Hasta ahora, la oficina ha operado de manera independiente de las agencias de inmigración para evitar que los familiares indocumentados teman reclamar a los niños.
Homan indicó que el propósito principal del acceso a los datos es verificar el bienestar de los niños liberados de la custodia de la ORR en los últimos años. Sin embargo, no descartó que la información pudiera utilizarse para la aplicación de leyes migratorias en el futuro. En un esfuerzo previo, durante el primer mandato de Trump, organizaciones de derechos civiles criticaron la medida, argumentando que llevó al arresto de patrocinadores y prolongó la detención de menores.
Además, Homan anunció que supervisará la construcción de un centro de detención en la Bahía de Guantánamo, donde se espera albergar a personas deportadas. Según Homan, el plan comenzará con un número reducido de detenidos, y la administración estudia opciones de financiamiento, incluida la reasignación de fondos de otras agencias federales. También se contempla el uso de instalaciones de detención estatales y federales.
Los grupos de defensa de inmigrantes han señalado que muchos menores considerados «desaparecidos» por la administración Trump en realidad viven con familiares y que la ORR ya realiza controles de bienestar. Asimismo, han expresado preocupación sobre el uso de información confidencial para acciones de inmigración, citando un informe del Congreso que indica que ICE ha utilizado estos datos para arrestar a patrocinadores sin antecedentes penales.