Olympia – El Senado del estado de Washington está evaluando una legislación que obligaría a bares, clubes nocturnos, hoteles y otros establecimientos que sirven alcohol a vender kits de prueba para detectar drogas en bebidas adulteradas. El Proyecto de Ley 5330 (SB 5330) fue debatido el lunes en el Comité de Trabajo y Comercio del Senado, impulsado por legisladores y un grupo de estudiantes de preparatoria preocupados por la seguridad pública.
La senadora estatal Manka Dhingra, principal promotora de la propuesta, destacó en sus declaraciones que este proyecto es una medida preventiva contra crímenes facilitados por drogas. “Una vez que una bebida ha sido alterada, ya es demasiado tarde para evitar un crimen. Por eso la prevención es crucial”, señaló Dhingra. Según la legislación propuesta, los negocios no solo venderían las tiras de prueba, sino que también estarían obligados a colocar carteles visibles que informen a los clientes sobre su disponibilidad.
Un grupo de estudiantes de Lake Washington High School ha jugado un papel activo en la promoción del proyecto. Durante la audiencia del lunes, varios de ellos -principalmente del sexo femenino- testificaron acerca de los riesgos de las sustancias utilizadas para adulterar bebidas, como la pérdida de conciencia, alteración del juicio y un aumento significativo en la probabilidad de abusos sexuales. “Como mujeres jóvenes que pronto ingresaremos a la universidad, sentimos miedo por nuestro futuro”, expresó Addison Hafermann, una de las estudiantes que abogó por la aprobación del proyecto.
Sin embargo, no todos están a favor de esta medida. Julia Gorton, representante de la Asociación de Hospitalidad de Washington, expresó que imponer la venta obligatoria de estos kits podría ser excesivo para algunos negocios. Propuso una alternativa similar a la ley en California, donde los establecimientos solo están obligados a tener las tiras de prueba disponibles bajo solicitud, en lugar de exhibirlas públicamente o venderlas de manera obligatoria.
El proyecto de ley será sometido a votación en comisión este viernes. De ser aprobado, entraría en vigor en enero próximo, marcando un paso hacia la protección de los consumidores y la prevención de crímenes relacionados con drogas en bebidas adulteradas.
