Olympia, WA – El Procurador General Nick Brown, en colaboración con los fiscales generales de California, Nueva York, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nuevo México, Rhode Island y Vermont, alzó la voz el miércoles 23 de enero, mediante una declaración conjunta para abordar un memorando emitido por un funcionario de la administración Trump. Este documento intentaba justificar la participación de estados y localidades en la implementación de leyes federales de inmigración.
En su declaración, los fiscales generales recordaron un principio fundamental respaldado por la Corte Suprema: la Constitución de los Estados Unidos prohíbe al gobierno federal imponer a los estados la responsabilidad de ejecutar leyes federales. Respaldaron su postura citando el caso histórico «Printz v. United States», que estableció que el gobierno federal no tiene la facultad de convertir a los agentes estatales en sus ejecutores sin asumir los costos asociados. Este equilibrio entre las competencias estatales y federales, afirmaron, es un pilar esencial del sistema de federalismo estadounidense.
El comunicado también denunció las amenazas emitidas por el Presidente, quien sugirió utilizar el poder y los recursos del Departamento de Justicia para intimidar a los funcionarios estatales que opten por no colaborar en la aplicación de leyes migratorias federales. Aunque calificaron estas declaraciones como «retórica vacía», dejaron claro que actuarán con firmeza si estas intenciones se transforman en acciones que violen la ley.
Los fiscales generales subrayaron su compromiso de mantener la seguridad en sus comunidades al margen del estatus migratorio de las personas involucradas en investigaciones o delitos. Destacaron que su prioridad es proteger a sus ciudadanos, fortalecer la confianza entre los residentes y las autoridades, y evitar distracciones provocadas por agendas externas.
En el cierre de su mensaje, los fiscales reafirmaron su compromiso de salvaguardar la soberanía estatal y garantizar que sus decisiones se centren en el bienestar de sus comunidades. Frente a lo que describieron como una agenda federal de deportaciones masivas, aseguraron que no permitirán que estas iniciativas interfieran con su labor ni erosionen los principios fundamentales del federalismo estadounidense.
