El miércoles 23 de enero, el procurador general de Washington, Nick Brown, junto con sus homólogos de California, Nueva York, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nuevo México, Rhode Island y Vermont, emitieron una declaración conjunta. El objetivo fue responder a un memorando de la administración Trump que buscaba justificar la participación de estados y localidades en la implementación de leyes federales de inmigración.
El Federalismo y la Constitución de Estados Unidos
En su declaración, los fiscales generales recordaron un principio fundamental respaldado por la Corte Suprema: la Constitución de los Estados Unidos prohíbe al gobierno federal imponer a los estados la responsabilidad de ejecutar leyes federales. Citaron el caso histórico «Printz v. United States«, que estableció que el gobierno federal no puede convertir a los agentes estatales en sus ejecutores sin asumir los costos asociados. Este equilibrio entre las competencias estatales y federales, afirmaron, es un pilar esencial del sistema de federalismo estadounidense.
El comunicado también denunció las amenazas emitidas por el Presidente, quien sugirió utilizar el poder y los recursos del Departamento de Justicia para intimidar a los funcionarios estatales que opten por no colaborar en la aplicación de leyes migratorias federales. Aunque calificaron estas declaraciones como «retórica vacía», dejaron claro que actuarán con firmeza si estas intenciones se transforman en acciones que violen la ley.
Compromiso con la Seguridad Comunitaria y la Soberanía Estatal
Los fiscales generales subrayaron su compromiso de mantener la seguridad en sus comunidades al margen del estatus migratorio de las personas involucradas en investigaciones o delitos. Destacaron que su prioridad es proteger a sus ciudadanos, fortalecer la confianza entre los residentes y las autoridades, y evitar distracciones provocadas por agendas externas.
En el cierre de su mensaje, los fiscales reafirmaron su compromiso de salvaguardar la soberanía estatal y garantizar que sus decisiones se centren en el bienestar de sus comunidades. Frente a lo que describieron como una agenda federal de deportaciones masivas, aseguraron que no permitirán que estas iniciativas interfieran con su labor ni erosionen los principios fundamentales del federalismo estadounidense.
¿Qué es el federalismo estadounidense?
El federalismo estadounidense es un sistema de gobierno en el que el poder se divide entre un gobierno federal central y gobiernos estatales y locales, cada uno con sus propias competencias y responsabilidades, para garantizar un equilibrio de poder.
¿Qué precedente legal establece el caso «Printz v. United States»?
El caso «Printz v. United States» estableció que el gobierno federal no tiene la autoridad para obligar a los funcionarios estatales a implementar leyes federales sin una compensación o acuerdo específico, protegiendo así la soberanía estatal.
¿Cómo planean los fiscales generales proteger a sus comunidades de las políticas migratorias federales?
Los fiscales generales planean proteger a sus comunidades priorizando la seguridad y la confianza de los residentes, independientemente de su estatus migratorio, y defendiendo la soberanía estatal para que las decisiones se centren en el bienestar local, sin permitir que las deportaciones masivas interfieran con su labor.
