Olympia, WA – Amber Kim, una mujer transgénero de 36 años, presentó una demanda contra el Departamento Correccional del estado de Washington (DOC) el martes 17 de diciembre, argumentando que su confinamiento en una prisión para hombres viola la Constitución estatal. Kim, quien fue transferida al Complejo Correccional Monroe en junio tras haber estado recluida en el Centro Correccional para Mujeres de Washington (WCCW) desde 2021, es la primera persona transgénero transferida de una prisión femenina a una instalación masculina en el estado, según ACLU de Washington, que presentó la demanda.
El abogado de Kim, Adrien Leavitt, sostiene que la transferencia constituye un castigo cruel e inusual, argumentando que su confinamiento en una prisión masculina crea un riesgo significativo de daño físico y psicológico sin justificación penal. Por su parte, el DOC indicó que no puede comentar sobre litigios pendientes, pero reafirmó su compromiso con políticas que buscan un trato equitativo para personas transgénero, intersexuales y no binarias en el sistema penitenciario.
El caso de Kim ha generado debate tras un incidente ocurrido en marzo de este año, cuando fue sorprendida teniendo relaciones consensuadas con su compañera de celda en el WCCW, lo que fue considerado una infracción grave por el DOC. Aunque inicialmente ambas partes recibieron ajustes en su estatus de seguridad, semanas después el DOC revocó la decisión y concluyó que Kim representaba un problema de seguridad, motivando su transferencia.
Durante su tiempo en el WCCW, Kim destacó por su involucramiento positivo en la comunidad, logrando aceptación entre las internas. En contraste, en el Complejo Correccional Monroe ha optado por permanecer en aislamiento debido a los riesgos que enfrentaría en la población general masculina. Kim argumenta que su transferencia no solo la perjudica, sino que envía un mensaje preocupante para otras personas transgénero encarceladas.
La demanda también resalta las disposiciones de la Ley de Eliminación de Violaciones en Prisiones de 2003, actualizada en 2012, que requiere que las prisiones consideren factores individuales y opiniones de seguridad al determinar el alojamiento de reclusos trans. Sin embargo, investigaciones recientes revelan que en la práctica, estos principios no siempre se aplican, lo que reabre el debate sobre la protección de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.
Sé el primero en comentar