Última actualización el 14 de noviembre de 2024
Ciudad de México – La cámara de diputados el martes 22 de octubre aprobó por unanimidad una reforma que reduce la edad mínima para acceder a la pensión de adultos mayores de 68 a 65 años y eleva a rango constitucional diversos programas sociales establecidos durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Con el respaldo unánime de los 483 diputados presentes, la reforma busca ampliar la cobertura de los programas sociales y garantizar su permanencia en el futuro.
Según el comunicado emitido por la cámara de diputados, este dictamen aprobado, no solo incluye la reducción de la edad para acceder a las pensiones de adultos mayores, sino que también otorga rango constitucional a programas clave como la pensión para personas con discapacidad permanente y el programa Sembrando Vida, entre otros apoyos dirigidos a productores. pescadores y campesinos. Con esta reforma, el Estado mexicano queda obligado a asignar los recursos necesarios para asegurar la continuidad de estos programas sociales.
Dicha reforma estipula que el presupuesto destinado a estos programas no podrá ser reducido en términos reales, garantizando la progresividad de los recursos. Además, el Gobierno de México será responsable de asegurar un ingreso justo y permanente a los campesinos que cultivan sus tierras con árboles frutales, maderables y otras especies. Los productores de pequeña escala y los pescadores también recibirán apoyo directo y fertilizantes gratuitos, así como precios garantizados para productos básicos como el maíz, frijol, leche, arroz y trigo.
Como parte de la discusión legislativa, se aprobó una modificación que establece el derecho de todos los mexicanos a una vivienda adecuada. Asimismo, se incluyó un artículo transitorio que otorga al congreso un plazo de 180 días para armonizar la legislación secundaria conforme a la nueva reforma.
Con esta aprobación, los programas sociales que han beneficiado a millones de personas en México desde 2018 ahora cuentan con un respaldo constitucional, lo que refuerza el compromiso del Estado mexicano de mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población.
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