Manifestaciones masivas en México contra reforma al poder judicial 

Última actualización el 14 de noviembre de 2024

Ciudad de México – El pasado domingo 25 de agosto, miles de manifestantes salieron a las calles en por lo menos 30 de las 32 entidades de México para expresar su rechazo a la reforma al poder judicial de la federación (PJF), propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma, que busca ser aprobada en el congreso, ha generado controversia por su posible impacto en la independencia del poder judicial. 

En la Ciudad de México, la marcha comenzó cerca de las 13:30 horas en el monumento a la Revolución y avanzó hacia el Zócalo capitalino. Bajo el lema “Independencia judicial, por la división de poderes y por México”, los manifestantes portaban pancartas con mensajes como “No a la reforma judicial” y “poder judicial no es por mí, es por todos”, dejando en claro su oposición a la iniciativa. 

En otras partes del país, como en Puebla, los manifestantes realizaron una representación simbólica en la que una figura de la justicia era sometida por un personaje caracterizado como el presidente López Obrador. En Mérida, Yucatán, las protestas se realizaron en el Paseo de Montejo con lemas que destacaban la importancia de una carrera judicial imparcial. 

En el norte del país, en Hermosillo, Sonora, los trabajadores del poder judicial expresaron su descontento con la reforma al grito de “va a caer, va a caer, la reforma va a caer”, mientras que en Tijuana, Baja California, los manifestantes afirmaban que “si el pueblo se informa, no pasa la reforma”, en referencia a la propuesta que busca que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. 

Las manifestaciones también se extendieron a estados como Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Veracruz, Tlaxcala, Jalisco, Morelos, Campeche, San Luis Potosí, Michoacán, entre otros. En estos lugares, jueces y magistrados se pronunciaron en contra de la reforma, destacando la importancia de mantener un Poder Judicial profesional e independiente para garantizar los derechos de la ciudadanía.