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Gobernadores republicanos demandan al gobierno por la norma de Biden que extiende el seguro médico para inmigrantes DACA 

Washington D.C. – Un grupo de 15 estados, encabezados por la oficina del fiscal general republicano de Kansas, Kris Kobach, presentó una demanda el jueves 8 de agosto, con el objetivo de impedir que el gobierno de Biden permita que hasta 200,000 inmigrantes beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) accedan a seguros de salud administrados por el gobierno federal. Esta demanda surge en respuesta a una norma adoptada en mayo por el departamento de salud y servicios humanos de Estados Unidos. 

Según la demanda, la norma del HHS clasifica a los beneficiarios de DACA como «legalmente presentes» en Estados Unidos, permitiéndoles inscribirse en programas de atención médica bajo la Ley de Atención Médica Asequible de 2010, conocida como Obamacare. Sin embargo, los estados demandantes argumentan que, al carecer de estatus migratorio legal, los beneficiarios de DACA no deberían ser considerados «legalmente presentes» y, por lo tanto, no deberían acceder a estos beneficios. 

Los estados que presentan la demanda sostienen que la norma fomenta la permanencia de los beneficiarios de DACA en el país de manera ilegal, lo que, a su vez, genera costos adicionales para los estados en servicios públicos. Además, señalan que la norma del HHS viola una ley federal que prohíbe otorgar beneficios públicos a personas sin estatus migratorio legal. 

En paralelo a la demanda, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva este jueves para que los funcionarios estatales comiencen a rastrear los costos asociados a la atención médica de personas en el país sin estatus legal. Esta acción subraya la importancia del tema de la inmigración en el contexto de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. 

El programa DACA, creado en 2012, ofrece protección contra la deportación y permisos de trabajo a inmigrantes conocidos como «Dreamers», quienes fueron traídos a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños. Actualmente, alrededor de 530,000 personas están inscritas en este programa, que continúa siendo objeto de intensos debates y batallas legales. 

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