Lima, Perú – La fiscalía general de Perú presentó el lunes 27 de mayo, una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, acusándola de un supuesto caso de corrupción relacionado con su uso de relojes de lujo.
Vale la pena destacar que de acuerdo con la fiscalía este escándalo nacional podría derivar en un proceso de destitución para la mandataria, cuya popularidad ha caído a un nuevo mínimo, según las encuestas recientes. La denuncia formal sostiene que Boluarte recibió un soborno, y si el congreso decide avanzar con la acusación, podría culminar en su derrocamiento.
El panorama político en Perú se ha caracterizado por su inestabilidad en los últimos años, con varios presidentes destituidos en medio de escándalos y acusaciones. La denuncia contra Boluarte subraya esta tendencia, ya que los legisladores han sido clave en el inicio de procedimientos de destitución contra los líderes de la nación andina. Este nuevo caso se suma a un contexto donde las acusaciones de corrupción y el malestar social han sido constantes.
En respuesta a la denuncia, el primer ministro Gustavo Adrianzén calificó la acusación de «persecución indebida, inconstitucional e ilegal» durante una entrevista con la emisora local Canal N. Adrianzén afirmó que la presidenta no se dejará distraer por el «ruido político», subrayando que el gobierno continuará con sus labores a pesar de las acusaciones en su contra.
Boluarte, quien anteriormente se desempeñó como vicepresidenta, ya ha enfrentado interrogatorios y redadas policiales por el uso de varios relojes Rolex y otras joyas. La presidenta ha negado haber actuado mal, argumentando que los artículos de lujo le fueron prestados por un gobernador local y no representan un soborno. Esta es la segunda denuncia constitucional contra Boluarte durante su gobierno de menos de dos años, lo que aumenta la presión sobre su administración.
La primera denuncia constitucional presentada contra Boluarte por la fiscal general ocurrió en noviembre pasado, relacionada con su manejo del malestar social tras el derrocamiento de su predecesor. A finales de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver ilegalmente el Congreso antes de una votación para destituirlo, lo que provocó su destitución y arresto. Este hecho desencadenó semanas de protestas violentas que resultaron en al menos 40 muertes, sumiendo al país en una crisis prolongada.
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