Seattle, WA – Un distrito escolar, una enfermera y varias organizaciones de derechos civiles y servicios para jóvenes presentaron una demanda el jueves 23 de mayo, para bloquear una nueva ley de derechos de los padres en el estado de Washington, conocida como Iniciativa 2081.
Los críticos de la iniciativa la describen como una «salida forzada» que podría perjudicar a los estudiantes LGBTQ+. La ley, respaldada por un mega donante conservador, entrará en vigor en junio después de ser aprobada abrumadoramente por la Legislatura liderada por los demócratas.
La Iniciativa 2081 exige que las escuelas notifiquen a los padres con anticipación sobre los servicios médicos ofrecidos a sus hijos, excepto en emergencias, y sobre el tratamiento médico organizado por la escuela que resulte en atención de seguimiento más allá del horario normal. Además, otorga a los padres el derecho a revisar los registros médicos y de asesoramiento de sus hijos y amplía los casos en los que los padres pueden optar por que sus hijos no reciban educación sexual.
Este conflicto es la última manifestación de una batalla nacional sobre cuánto control deben tener los padres en la educación de sus hijos. Muchos padres se han unido a un movimiento conservador que presiona para obtener más supervisión en las escuelas, incluyendo los materiales de curso, el uso de baños escolares por parte de estudiantes transgénero y la enseñanza de temas relacionados con la raza y la identidad de género.
Vale la pena destacar que la mayoría de los derechos otorgados por la Iniciativa 2081 ya estaban cubiertos por leyes estatales o federales, aunque en algunos casos se han ampliado. En Washington, las menores de edad no necesitan el permiso de sus padres para abortar, y la ley estatal permite a los mayores de 14 años hacerse pruebas o recibir tratamiento para enfermedades de transmisión sexual sin el consentimiento de sus padres. Los mayores de 13 años pueden recibir tratamiento de salud conductual ambulatorio sin notificar a sus padres.
Denise Diskin, abogada de la Fundación QLaw, calificó la ley como una medida que perjudicará a los estudiantes LGBTQ+ al potencialmente exponerlos a situaciones peligrosas si no tienen un hogar que los apoye. En contraste, Brian Heywood, quien financia el comité de acción política Let’s Go Washington, afirmó que la demanda busca «pisotear los derechos de los padres» y que la ley simplemente otorga a los padres el derecho a ser informados. La disputa legal subraya las profundas divisiones sobre el papel de los padres y las escuelas en la vida de los jóvenes.
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