Se cree que el cabecilla de la operación era un empresario de 34 años, propietario de CRS Crossroad Services, señalado por reclutar durante más de una década a menores en situación de pobreza extrema en Honduras. Según la fiscalía, bajo el disfraz de ayuda humanitaria y ofreciendo educación, alimentos y tecnología, el hombre habría establecido un sistema de control para exigir material sexual explícito a cambio de promesas de traslado a Estados Unidos