Olympia, WA – La iniciativa de gasto público en el estado de Washington contempla un recorte del 50% en la financiación del Proyecto de Acceso al Aborto, amenazando con reducir significativamente la disponibilidad de servicios en clínicas especializadas y complicar el acceso para cientos de pacientes. Este programa fue creado en respuesta a la anulación del histórico fallo Roe vs. Wade, cuando el estado buscó fortalecer su compromiso con los derechos reproductivos frente a las restricciones impuestas en otras regiones del país.
El diario ‘Washington State Standard’ indica que el ajuste presupuestario, equivalente a una reducción de 8.5 millones de dólares, podría traducirse en menos personal, menos horas de atención y menor seguridad para los pacientes, según afirman organizaciones defensoras del derecho al aborto. Jennifer M. Allen, directora ejecutiva de Planned Parenthood Alliance Advocates, describió la decisión como un golpe devastador, especialmente en un contexto donde otros estados han adoptado legislaciones más restrictivas. “Con menos recursos, podremos atender a menos pacientes”, señaló Allen, quien también advirtió sobre el impacto directo en la capacidad operativa de las clínicas.
El escenario se agrava en un momento en que la demanda por servicios de salud reproductiva ha crecido considerablemente. Según cifras del Departamento de Salud de Washington, los procedimientos de aborto aumentaron un 17% entre los residentes del estado y un 45% para personas provenientes de otras regiones, particularmente de Idaho, donde las leyes sobre el aborto son de las más estrictas del país. Sami Alloy, director ejecutivo de Pro-Choice Washington, alertó sobre la posibilidad de que las clínicas se vean desbordadas y el sistema de salud enfrente más emergencias. “Esta reducción en la financiación sobrecargará aún más un sistema que ya está al límite”, indicó.
El Proyecto de Acceso al Aborto ha sido un pilar fundamental para sostener los servicios en cinco agencias clave que operan en 20 de los 39 condados del estado. Estas clínicas son responsables del 80% de los procedimientos realizados en 2022. Sin embargo, existen amplias zonas rurales en Washington donde el acceso a este tipo de atención sigue siendo limitado, lo que obliga a muchos pacientes a recorrer largas distancias para recibir asistencia médica. Además, las tasas de reembolso de Medicaid para este tipo de servicios son considerablemente más bajas que en otros tratamientos, lo cual añade más presión financiera a las clínicas.
A pesar del panorama incierto, Planned Parenthood ha iniciado conversaciones con el gobernador Bob Ferguson para buscar alternativas que mitiguen el impacto de los recortes. “Si no hay recursos para garantizar la atención, el derecho se vuelve una promesa vacía”, afirmó Allen. Mientras tanto, organizaciones defensoras del acceso al aborto continúan alzando la voz, advirtiendo sobre las consecuencias de esta medida en un momento crucial para los derechos reproductivos en Estados Unidos.
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