Los documentos del caso, entregados durante el proceso de adopción, revelan que las autoridades estatales habían sido advertidas en varias ocasiones sobre la situación del niño incluso antes de su nacimiento. Informes médicos, alertas comunitarias e investigaciones previas apuntaban a que los padres biológicos no estaban en condiciones de cuidar de él, pero el seguimiento estatal habría sido insuficiente, según los alegatos legales