La jueza Paula Xinis había exigido al Departamento de Justicia que entregara información precisa sobre el paradero de Ábrego, su situación legal y los esfuerzos realizados para repatriarlo. Aunque se concedió una prórroga al plazo inicial, los representantes del gobierno respondieron que las relaciones internacionales no pueden regirse por calendarios judiciales, señalando que el migrante se encuentra bajo la jurisdicción de otro país.